Hola
chicos ¿qué pensáis de lo que hemos visto esta mañana en clase sobre que un
docente sea autoridad pública? He encontrado bastante información sobre ello,
Disposiciones generales: El
objetivo es reconocer, fortalecer y garantizar la autoridad del docente y
fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en sus funciones y
responsabilidades, contribuyendo a la mejora de la calidad del sistema educativo y
garantizando el derecho a la educación. Se aplicará en los centros educativos de la Región de Murcia que impartan algún de las enseñanzas correspondientes a los niveles no universitarios. Se extenderá tanto a la actividad docente como al resto de actividades complementarias por parte de los centros, así como al conjunto de servicios complementarios que se prestan en los mismos.
Protección docente: Autoridad. 1. Los docentes, así como los directores y demás miembros de los equipos directivos, tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobiernos, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad docente. 2. Además, los docentes de centros públicos y privados concertados tendrán, en el ejercicio de esas mismas potestades de gobiernos, docentes y disciplinarias, la condición de autoridad pública, gozando de la protección y asumiendo la responsabilidad tribuidas a tal condición por el ordenamiento jurídico. Esta condición sólo será aplicable a los docentes que posean nacionalidad española.
Presunción de veracidad. Los hechos constatados por los docentes, así como por los directores y demás miembros de los equipos directivos, en el ejercicio de sus funciones gozarán de presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos que por la consejería competente en materia de educación sean establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas o informes que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan ser aportadas. Cuando la aplicación de este artículo produzca alguna colisión de derechos, se resolverá atendiendo al orden jerárquico de los implicados y a las atribuciones propias de la Inspección de educación.
Asistencia jurídica. 1. La Administración educativa, respecto a los docentes de los centros educativos públicos, adoptará las medidas oportunas para garantizar su adecuada protección y asistencia juíridica en los procedimientos que sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de ejercicio de sus funciones, ya se realicen dentro o fuera del recinto educativo.
A tal efecto, dicho personal docente gozará del derecho a la representación y defensa en juicio, y en su normativa de desarrollo. 2. La responsabilidad civil derivada del ejercicio de las funciones del profesor, quedará cubierta por una p´liza de responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia extrajudicial para el personal docente que preste sus servicios en la consejería competente en la materia de educación.
Deber de colaboración.
Los centros educativos podrán recabar de los padres y madres o representares legales, o en su caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros educativos en relación con la información sobre las circunstancias personales, familiares o sociales que concurran en el alumnado, garantizando su confidencialidad, proporcionalidad, seguridad y deber de sigilo.
Responsabilidad y reparación de daños.
1. En los casos de agresión física o moral a docentes causada por el alumnado, se deberá reparar al daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido incurrir. La petición de excusas y el reconociblemente de la responsabilidad de los actos por parte del agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias agravantes, actuando en todo caso como un elemento de modulación de la responsabilidad disciplinaria del agresor.
La concreción de las medidas educativas correctoras o disciplinarias, en consonancia con lo que establezca el Reglamento de régimen interno del centro, se efectuará por resolución de la dirección del centro público y por la titularidad del centro en el caso de centros privados, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales, la edad del alumno y la naturaleza de los hechos.
En el supuesto de agresiones calificadas como leves, tras la petición de excusas por parte del agresor y su aceptación por el ofendido, podrá arbitrarse por los reglamentos de régimen interno de los centros una conciliación entre las partes.
Inspección educativa.
Los inspectores que ejerzan la inspección educativa tendrán, en el desarrollo de sus funciones, la consideración de autoridad pública. Asimismo gozarán de presunción de veracidad en el ejercicio de su actividad.
